Argentina: anticuarios y políticos en la ruta del tráfico de patrimonio cultural

Apenas abre la puerta de una habitación pequeña y cuadrada, de paredes blancas, el comisario deja a la vista parte de un tesoro que convierte a la Argentina en una de las capitales del tráfico de patrimonio cultural en América Latina: 300 pinturas envueltas en papel de embalaje. “Son recuperaciones de robos que  han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires”, dice a Chequeado Marcelo El Haibe, jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol. El lote ocupa varios casilleros, junto al doble de piezas falsificadas que evidencian la intensidad del tráfico: la Argentina ocupa el primer lugar en la lista de países que han reportado bienes culturales robados en la región.

Entre 2008 y 2015, Interpol incorporó a sus registros el robo de 2.816 objetos culturales en el país. Ese grupo incluye 256 piezas que van desde cuadros y libros antiguos hasta monedas antiguas y otros objetos con valor histórico o artístico, de acuerdo con la base de datos de la entidad a la que Chequedo tuvo acceso como parte del proyecto “Memoria Robada”, la primera investigación regional con datos masivos sobre tráfico de bienes culturales, coordinada por el medio peruano OjoPúblico.

Esta cifra ubica a la Argentina en el primer lugar de los países latinoamericanos con bienes culturales robados reportados a Interpol, seguido de Perú (1.031), Ecuador (556)  y Bolivia (449), y muy por delante de México (320). Estas cifras corresponden a los casos que el organismo internacional investiga a pedido de las autoridades de sus países miembros en todo el mundo.

El registro de Interpol agrupa todos los casos de hurto de bienes culturales públicos y privados investigados por el organismo internacional en las últimas cuatro décadas, específicamente desde 1980 hasta la fecha. En ese lapso, distintas instituciones del Estado y colecciones particulares han reportado la desaparición de obras de artistas tan importantes como Monet, Goya, Cézanne, Degas o Renoir. En total, la base de datos registra 4.600 piezas desaparecidas, que incluyen arte religioso, libros antiguos, pinturas y esculturas modernas, y especialmente objetos arqueológicos.

Las autoridades apenas han logrado recuperar el 15% de esos objetos, según calculó El Haibe. “El robo de este tipo de objetos de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico ocupa el tercer lugar (de actividades de tráfico ilegal) a escala mundial después del tráfico de drogas y armas”, explica El Haibe, cuya oficina mantiene el mayor catálogo en línea de bienes robados de todas las agencias de Interpol en el continente. Sin embargo, el comisario estima que los cálculos sólo dan cuenta de un 10% de lo que en realidad circula en el mercado negro.

Las cifras de la Justicia muestran los límites del Estado para enfrentar el problema. Según el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, a la fecha hay en el país 34 causas judiciales por infracciones al patrimonio cultural y arqueológico en investigación. Y en el sistema de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña, que concentra los casos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, figuran 19 causas abiertas entre 2009 y 2016. Todas con procesos largos que terminan, usualmente, con la prescripción de los casos.

De 19 procesos judiciales (sacar,) sólo tres han llegado hasta la Cámara de Casación Penal. Uno de ellos fue la apelación de un grupo de imputados en tráfico de bienes arqueológicos para evitar la repatriación de las piezas a Perú; la Cámara rechazó sus peticiones y mantuvo la decisión. El segundo, también relacionado con Perú (sacar,)  es el de un hombre que intentó ingresar en la Argentina restos humanos momificados de origen precolombino y apelaba para un cambio de calificación de su delito, pero la Cámara también rechazó sus pretensiones y la momia fue devuelta a Perú. El último era el de un influyente acusado cuya defensa solicitaba que el caso fuera investigado en Buenos Aires y no en Córdoba; pero tampoco obtuvo una decisión positiva.

EL LADO OSCURO

El tráfico de patrimonio cultural se acentúa en la Argentina porque se trata de un negocio que involucra a una amplia gama de actores, desde anticuarios y coleccionistas particulares hasta sacerdotes y personajes con importantes conexiones políticas, como explica a Chequeado Diana Rolandi, directora del INAPL, organismo estatal que tiene a cargo la tutela del patrimonio arqueológico.

“Hay muchos coleccionistas, muchos más de los que registran sus colecciones desde que está la nueva ley (la número 25.743, de 2003). Son personas que tienen un determinado tipo de poder económico o político y con grandes relaciones en las provincias”, asegura Rolandi, una arqueóloga que trabaja en el Instituto desde hace cuatro décadas, y cuya oficina está cubierta de afiches del Qhapaq Ñan, el legendario camino inca que atraviesa varios países de Sudamérica y es considerado Patrimonio de la Humanidad.

La Justicia argentina investiga al menos dos casos que vinculan a un ex asesor del partido oficialista PRO como a uno de los principales empresarios del kirchnerismo con el lado oscuro del coleccionismo.

Por un lado, se destaca el caso de Matteo Goretti Comolli, ex asesor del presidente de la Nación, Mauricio Macri, e investigado porque en su casa aparecieron 59 piezas arqueológicas que habían sido robadas de un museo de la provincia de Córdoba; y, por el otro, el caso del amigo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresario de la construcción Lázaro Báez, investigado por presunto lavado de dinero y a quien las autoridades incautaron una valiosa colección de 312 libros históricos, entre los que había algunos incunables.

La Argentina es uno de los más grandes epicentros de bienes culturales de América Latina: cuenta con 100 mil piezas artísticas, históricas o documentales de carácter público, consideradas irremplazables, registradas en la base de Colecciones Nacionales Argentinas del Ministerio de Cultura. A ese patrimonio se suman incontables obras de arte de colecciones privadas y familiares que se han alimentado gracias a la migración y al dinero que llegó a la Argentina como ‘granero del mundo’ a principios del siglo XIX.

La ley de 2003 permite que los coleccionistas que adquirieron las piezas arqueológicas y paleontológicas con anterioridad a la norma, las conserven siempre y cuando las registren y no las comercialicen. Sin embargo, según las autoridades, no hay forma de corroborar si en efecto lo están haciendo. Las últimas cifras oficiales certeras datan de 2009: hasta entonces existía registro formal de 244 colecciones, que incluían 2.790 lotes formados por 55.372 objetos.

RUTA ILEGAL

La Argentina también es un escenario central en la ruta del tráfico internacional de bienes arqueológicos de origen ilegal hacia centros del coleccionismo como los Estados Unidos, Francia o Alemania. Uno de los casos más representativos es el del anticuarista Néstor Eduardo Janeir, investigado tanto en la Argentina como en Perú por tráfico de miles de piezas precolombinas peruanas cuyo origen no pudo justificar.

De acuerdo con los expedientes judiciales analizados por Chequeado para el proyecto “Memoria Robada”, a Janeir le decomisaron 3.898 piezas precolombinas peruanas en distintas operaciones contra el tráfico de patrimonio. La primera incautación ocurrió en 2001 y la segunda en 2007. El anticuario, que mantiene activo su negocio en un local de San Telmo, vendía las piezas arqueológicas a compradores locales e internacionales, en asociación con otros comerciantes de antigüedades.

En febrero de 2016, 15 años después de la primera causa contra el anticuarista, la Argentina atendió el pedido de restitución de Perú y envió de vuelta un lote que finalmente superó las cuatro mil piezas incautadas en territorio nacional. Sin embargo, y a pesar de las evidencias, la historia judicial fue adversa para ambos países y terminó con la prescripción de los cargos contra Janeir y todos los involucrados.

El caso fue tan grave que motivó la promulgación de la Ley 25.743 de 2003 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que obliga, entre otras cosas, a que todos los propietarios particulares de colecciones arqueológicas las declaren en el Registro Nacional de Colecciones y Objetos Arqueológicos (Renycoa).

En teoría, desde 2003, varios coleccionistas lo han hecho. Incluso, Janeir usó la ley para declarar otro lote de cinco mil piezas arqueológicas y evitar que le fueran decomisadas.

En 2016, según Rolandi, de 24 jurisdicciones solo las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos han registrado coleccionistas privados y colecciones de museos. No así provincias como Córdoba o Neuquén, conocidas por su cantidad de bienes culturales arqueológicos y palentológicos. Precisamente, piezas robadas de un museo de Córdoba terminaron en casa de un señor vinculado en el pasado reciente con el actual presidente de la Argentina.

EL CASO GORETTI

Matteo Goretti Comolli es un politólogo italiano que vive en la Argentina desde 1967 y, según una resolución del Boletín Oficial porteño, fue asesor ad-honorem del presidente Mauricio Macri cuando el mandatario era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es vocal de la Fundación Pensar, que se presenta como la “usina de ideas del PRO”, uno de los partidos que forma parte de Cambiemos, la alianza de gobierno.

En 2012, la policía allanó el domicilio de Goretti, donde incautó 59 piezas precolombinas que habían sido robadas en el Museo Arqueológico Argentino Ambato en Córdoba, cuya colección fue armada desde 1970. El hurto había ocurrido cuatro años antes, en 2008, y comprendió el 85% de piezas de un lote que estaba en cajas sin exhibir.

El valor de las piezas fue estimado por el Ministerio Público Fiscal entre US$ 700 mil y US$ 1 millón. Solo una podía alcanzar un valor de 65 mil dólares.

Matteo Goretti -quien además es investigado por presunto lavado de activos en otra  causa que alcanza a Hernán Lombardi, exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y actual titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos- insistió a Chequeado que él está “desprocesado totalmente” y fue sobreseído del cargo de tráfico de patrimonio cultural. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a este medio que Goretti sigue imputado y que la causa se mantiene en investigación. Sin embargo, aun en caso de ser declarado culpable, el ex asesor de Macri apenas recibiría una condena de entre dos meses y dos años de prisión, que según las leyes argentinas se cumplen en un régimen de libertad condicional.

En agosto último, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba declaró la nulidad del sobreseimiento de Goretti y solicitó además que el juez federal Ricardo Bustos, que había dictado ese fallo, fuera apartado de la investigación. Sobre este último punto, fuentes judiciales aseguran que el cambio de magistrado podría agilizar la investigación, que ya lleva seis años.

En 2013, el ex secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, había señalado la lentitud en este caso. “No es casualidad que estos delitos se dieran en Córdoba. Se habla de una ‘zona roja’, aquella región donde los que lucran con el patrimonio se amparan bajo el paraguas de la inexistencia de una regulación. Vamos a trabajar para que esta ley (la número 25.743) se aplique plenamente”, dijo.

¿Cómo llegaron las piezas hasta su casa?,  preguntó Chequeado a Goretti. Vía correo electrónico, el politólogo dijo que él no las robó ni participó de ningún robo, sino que las adquirió de buena fe. También aseguró que las había registrado a su nombre entre 2006 y 2007.

“Todas las piezas de mi colección llegaron por compra o por donación. Fui el primer coleccionista grande en registrar la colección, apenas pude hacerlo, es decir, cuando se implementó el registro. Respecto del conjunto de piezas en cuestión, como le dije, la Ley 25.743 exige que el propietario las registre. Si lo hace, la ley dice que las piezas fueron obtenidas de buena fe. No es necesario (ni la ley exige) presentar documentación de compra o de donación”, dijo Goretti a este medio.

La Fiscalía (el caso es llevado por Enrique Senestrari) sostiene que en realidad lo que Goretti hizo fue un registro parcial, y no ante el organismo competente, sino ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el que él ha tenido relaciones como asesor del Ministerio de Hacienda.

Chequeado pudo reconstruir que la relación de Goretti con lo arqueológico viene desde mucho antes del caso Ambato.

En 2006, según consta en un documento oficial de la provincia de Salta, Goretti tenía en su poder una momia del período inca, que tiene una conservación por deshidratación natural, además de otros objetos que la acompañaban, como un tocado de plumas y tela, dos cestos y dos peines de madera, entre otros.

Y aunque en el documento se habla de donación y no se especifica si recibió dinero, lo que sí señala es el mal estado en el que fue entregada la momia pese a que supuestamente Goretti “sometió el hallazgo de manera exitosa a diversos y complejos procesos de conservación y revalorización que estuvieron a cargo de un equipo de especialistas”. A través de la Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA), en la cual integra el Consejo de Administración, Goretti editó un libro sobre este caso.

Dos años antes, en 2004, el ex asesor había enfrentado otra controversia con el entonces secretario de Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella (hijo), cuando intentó abrir un museo en San Telmo con 1.500 piezas de arte precolombino.

La polémica llegó a Uruguay cuando Interpol estableció que Goretti supuestamente habría exportado ilegalmente a ese país varias piezas para sumarlas al Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) de Montevideo. Él insistió en que las piezas que se exhibieron en el país vecino las adquirió en el mismo Uruguay.

Esa controversia quedó en la nada, pero en 2007 el politólogo volvió a ser noticia al entregar a la provincia de Salta una donación de 5.170 piezas, entre fotografías y objetos arqueológicos y etnográficos, así como una biblioteca de casi 10 mil volúmenes y publicaciones especializadas. La entrega fue aceptada mediante un decreto firmado por el gobernador de la provincial, Juan Manuel Urtubey. Con ellas, se crearía el Museo Argentino de Arte Precolombino (MAPA) y se creaba una fundación para administrarlo.

“Él (en referencia a Goretti) es otro que cree que todo puede ser pasible de apropiación. Es una persona muy inteligente, adepto a coleccionar arqueología, que siempre se trató de conectar con el poder”, dice el comisario (sacar Marcelo) El Haibe, jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol.

Desde 1998, Goretti es director de la empresa Nueva Comunicación, especializada en el manejo de imagen corporativa. Su perfil en la web de esa consultora señala que, además de ser presidente de la Fundación CEPPA desde 2002, fue gerente de ventas de Shell, miembro o integrante de los directorios de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, de la Cámara de la Industria del Petróleo, del American Chamber of Commerce in Argentina y del Instituto Argentino del Petróleo y Gas. También fue miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal central empresaria argentina.

En la Argentina, la legislación no contempla quitarles las piezas a quienes tengan colecciones de familia y hechas antes de 2003, aunque las deben registrar. Pero a decir de El Haibe, estas condiciones no alcanzarían a Goretti, pues habría comprado las piezas arqueológicas con posterioridad a la sanción de la ley.

LOS LIBROS DE LÁZARO

La relación entre política y arte no sabe de partidos: también se hizo evidente en el caso del empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en el marco de la llamada “ruta del dinero K”, un complejo entramado de casos de presunta corrupción durante el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Sebastián Casanello, que lleva la causa, ordenó la incautación de un lote de libros antiguos que estaban en una de sus propiedades. Entre los ejemplares había una de las primeras ediciones de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri y otros materiales más antiguos que los que guarda la colección de la Biblioteca Nacional.

“El juez nos pidió que enviáramos dos bibliotecarios que hicieron un relevamiento de 350 obras muy importantes, publicaciones del siglo XVI, algunos incunables”, explica a Chequeado Alberto Manguel, actual director de la Biblioteca y experto de prestigio internacional en la historia del libro.

Aunque no hay indicios de que se tratara de libros robados, Manguel asegura que no está claro cómo ni por qué Báez coleccionó esos libros y que los tenía expuestos en vitrinas de pino y pegados con chinches, una práctica no muy común entre los bibliófilos. “No conozco de lavado de dinero pero es un área obvia para invertir sin despertar sospechas. Son bienes para los que no existen las cotizaciones oficiales”, dijo el director de la Biblioteca Nacional en una entrevista publicada en el diario Clarín tras las sospechas iniciales que vinculan a Báez con ese delito.

La Biblioteca es la actual depositaria judicial de esa colección y su director tuvo autorización para abrir las cajas y organizar una exposición que se titulará “El lado oscuro del coleccionismo”. En medio del polarizado clima político que rodea el caso contra Báez y las investigaciones de corrupción que pesan sobre el anterior gobierno, la iniciativa le ha valido problemas a Manguel.

“Cuando hablaba del lado oscuro del coleccionismo me refería a la colección, no a los coleccionistas. Me acusaron de decir que Báez había procedido de manera ilegal para adquirir sus libros, cosa que no está probada. El juicio no ha terminado”, precisa.

“Históricamente la biblioteca emblemática de Alejandría se creó con la adquisición de libros, documentos, papiros y también lo que hoy llamaríamos robos y estafas; se formó pues de maneras lícitas e ilícitas. La Biblioteca Nacional de Argentina no es una excepción. Tenemos libros que nos han llegado a través de incautaciones desde el siglo XIX en adelante, libros robados que provienen de muchas formas”, dice Manguel a Chequeado en una entrevista para el proyecto “Memoria Robada”, que busca establecer la magnitud del tráfico de bienes culturales en América Latina.

LAVADO DE DINERO, UNA PUERTA

Precisamente, el lavado de activos es una de las preocupaciones de las autoridades que trabajan por la prevención del tráfico de bienes culturales. Por eso, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) forma parte del Comité Argentino de Lucha contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales.

“La integración de la Unidad al Comité tuvo como resultado la iniciación de investigaciones preliminares en su sede por casos, por ejemplo, de contrabando y falsificación o copia no autorizada de obras de arte”, se lee en el informe oficial de Ufitco de 2010.

Una fuente especializada que pide el anonimato explicó que el tráfico de arte sí guarda una relación con el lavado de dinero, aunque no siempre es fácil de probar. “Como las piezas no tienen un valor exacto, lo que hemos encontrado es que al declarar esos bienes terminan blanqueando dinero. Es decir, yo puedo comprar una pieza a $ 500 mil (unos US$ 32 mil), luego digo que la compré a $ 8 millones (unos US$ 520 mil), y como el Estado no sabe exactamente cuánto vale, lo que sucede es que esos 7 millones y medio se ingresan al sistema en blanco, al sistema legal, cuando en realidad son parte de un hecho ilícito”, ejemplifica.

Actualmente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) investiga también el caso del ex tesorero del Partido Popular en España Luis Bárcenas y la presunta venta simulada de obras de arte en la Argentina, como estrategia para blanquear sus capitales. Según la investigación de la Fiscalía, a través de una artista argentina, que admitió haber recibido US$ 1.500 de un testaferro de Bárcenas, se firmaron contratos de falsa venta de dos obras de arte: La Circuncisión del Niño y La Presentación del Niño en el Templo, del siglo XV.

“Dentro de la firma (La Moraleja) se habrían celebrado contratos simulados de compraventa de obras de arte en los que habría participado Patricio Bel, miembro de la sociedad y estrecho colaborador de Bárcenas”, señaló la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en 2011.

LAS DIFICULTADES EN ARGENTINA

Además de las falsificaciones de arte y los robos en las iglesias que, según Interpol, son cometidos por redes no muy profesionales, el mercado ilegal en la Argentina también abarca lo paleontológico.

Claudia Caboulli, directora Nacional de Bienes y Sitios Culturales de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, dice que la situación es más grave para la paleontología, pero lo arqueológico es más visible.

Dos casos evidenciaron que los Estados Unidos y Australia son las rutas preferidas para los traficantes de fósiles argentinos. Uno fue el hallazgo de cuatro toneladas de fósiles que iban a ser subastados en Tucson; y el otro, el de un huevo de dinosaurio que estaba por venderse en Australia.

La dimensión internacional del tráfico hace muy difícil para el Estado argentino perseguir las piezas que pertenecen al patrimonio cultural del país. El acompañamiento legal en estos casos puede alcanzar un costo promedio de € 600 la hora, dependiendo del país donde ocurre el hecho. A eso se suma que, según el INAPL e Interpol, hay poca colaboración de países como Francia y Alemania en el retorno del patrimonio cultural argentino.

“Hemos tenido apoyo de los italianos y de los españoles, que permanentemente devuelven las piezas. En Francia y Alemania dicen que se compró de buena fe. Con los Estados Unidos es más accesible cuando hay convenios bilaterales y si hay una infracción aduanera, es decir que alguien no declaró en la Aduana que llevan arqueología. Ahí lo decomisan inmediatamente”, describe El Haibe.

La Argentina, por su parte, tiene una política de devolución de piezas y ha hecho restituciones a Ecuador y Colombia, además de la cuantiosa devolución de piezas por parte de la canciller, Susana Malcorra, a Perú a inicios de este año.

Otro de los problemas es el cruce de información para detener este delito. Si bien existe el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con cerca de 20 instituciones participantes, al consultar la información que manejan se evidencia que cada una trabaja de forma independiente y, en definitiva, todas se basan en la base de datos que recaba Interpol. “Creo que estamos avanzado un montón y hemos desarrollado bastantes capacidades. Pero hay una realidad y es que hay un mercado ilegal que trasciende las fronteras y en la Argentina se facilita que el territorio es muy extenso”, dice Caboulli.

Pero, sin duda, es la falta de registros de particulares que poseen piezas lo que contribuye al robo de arte como al tráfico arqueológico. Además de que no existe un registro de comerciantes de bienes culturales.

“Salvo Italia, ningún país tiene un registro de comerciantes de bienes culturales. Allá los comerciantes deben registrar la procedencia de los objetos que comercian y los policías pueden ingresar y verificarlo”, dijo Caboulli.

En la Argentina hay una gran población de comerciantes de bienes culturales. Solamente la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo reúne a 500 anticuarios de lo que ellos llaman “el mercado de Arte y Antigüedades más grande de Sudamérica”.

Aunque en los últimos años no se detectan casos de la misma envergadura que el de Janeir, todas las fuentes consultadas reconocen la necesidad de controles permanentes en este mercado. Las alertas se activaron en 2009, cuando autoridades de Perú detectaron la venta de un valioso manuscrito religioso del siglo XVIII en una librería anticuaria de Buenos Aires. El ejemplar, un catecismo escrito en quechua de la época, había sido robado de la Biblioteca Nacional de Perú y fue puesto a la venta en 2011. El anticuario porteño lo vendió a la Biblioteca Dunbarton Oaks, un centro de investigación de Washington que pertenece al circuito de la Universidad de Harvard.

El libro robado fue detectado en Washington por un investigador francés, quien hizo la denuncia ante las autoridades de Lima. El ejemplar volvió semanas después a la capital peruana mediante un acuerdo de confidencialidad entre las tres partes involucradas. El caso es investigado de oficio por el Ministerio Público de Perú, donde es considerado una de las evidencias más claras de la ruta de tráfico de bienes culturales en Sudamérica. En la Argentina, sin embargo, no ha sido reportado aún, y las autoridades de Lima mantuvieron el acuerdo de no revelar la identidad del anticuario.

 

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Este artículo es un aporte de Chequeado al proyecto Memoria Robada.